El rechazo del Congreso de los Diputados a los dos reales decretos ley sobre protección habitacional ha desencadenado una respuesta masiva en España, con protestas organizadas en 54 ciudades que superan la cantidad de provincias del país. En Madrid, la acampada pacífica de la Puerta del Sol expandió sus carpas hacia la calle Preciados, mientras una multitudinaria marcha congregó a entre 70.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 500.000 manifestantes distribuidos en cuatro columnas, según el Sindicato de Inquilinas.

La derogación del denominado «Decreto Maricarmen» y de la norma sobre prórrogas extraordinarias de contratos provocó una profunda indignación social al dejar vulnerables a miles de familias frente a los desahucios. Ante la negativa parlamentaria de respaldar estas medidas de mínimos, colectivos sociales y plataformas sindicales intensificaron la organización comunitaria en los barrios para convocar una huelga general nacional orientada a desarticular el rentismo y la especulación inmobiliaria.

Las movilizaciones han adquirido una fuerza singular en la comunidad autónoma de Andalucía, donde las 8 capitales provinciales articulan marchas históricas desde sus acampadas locales para frenar la inseguridad residencial. La crisis resulta alarmante en ciudades como Málaga, donde la proliferación descontrolada de viviendas turísticas superó la cifra de vecinos censados en el centro urbano, obligando a los trabajadores a destinar más del 60 por ciento de sus salarios al pago del alquiler.

Los manifestantes congregados en el centro de la capital denunciaron que el Congreso de los Diputados actúa desconectado del consenso popular y al servicio de los grandes tenedores de inmuebles. Durante las asambleas, los colectivos destacaron que ocho días de movilización y resistencia comunitaria en las calles han logrado construir mayor poder popular y avances en la agenda social que ocho años de gestión gubernamental progresista en el país.

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A pesar de las amenazas de agresión difundidas por agrupaciones neonazis como Núcleo Nacional a través de redes sociales, el campamento en Madrid se mantiene alerta y firme en su carácter pacífico. Los intentos aislados de intimidación por parte de elementos de extrema derecha han sido neutralizados de forma inmediata por los propios manifestantes, quienes expulsaron a los provocadores reafirmando la continuidad de la protesta de manera Indefinida.

La intensidad del conflicto social incrementa la tensión sobre el panorama político nacional, en momentos en que el presidente Pedro Sánchez sopesa la posibilidad de adelantar las elecciones generales previstas originalmente para 2027. Las plataformas por el derecho a la vivienda ratificaron que mantendrán las acciones directas de presión hasta obligar a las instituciones públicas a garantizar la vivienda como un derecho fundamental no sujeto al mercado.

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